IMPACTO DE LA REFORMA IRPF

INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL IMPUESTO DE LA RENTA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

A continuación, se exponen una serie de comentarios en relación con la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo y otras Normas Tributarias (en adelante, la Ley).

I. COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE LA LEY

Como siempre, antes de comenzar con el análisis de las medidas que pueden tener relevancia para las personas con discapacidad, conviene mencionar brevemente lo señalado en la Exposición de Motivos según la cual, la mejora de los indicadores macroeconómicos y en particular la efectiva rebaja del déficit público como consecuencia de las medidas de consolidación fiscal adoptadas por el Gobierno durante los últimos años ha permitido abordar en el momento actual la reforma integral del sistema impositivo, en el que destaca de forma significativa el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), debido al papel primordial que desempeña en dicho sistema.

Como ya se señalaba desde el Anteproyecto que tuvimos la ocasión de comentar y sobre el que se realizaron diversas observaciones y propuestas de mejora, es de destacar que la reforma que se ha aprobado mantiene la estructura básica del IRPF, sobre la que se incluyen determinadas modificaciones con las que se pretende avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad, sin dejar de atender el principio de suficiencia.

Según señala el legislador, el conjunto de las modificaciones va a permitir una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, especialmente para los perceptores de rendimientos del trabajo o de actividades económicas de renta más baja y para los que soporten mayores cargas familiares, en particular familias numerosas o personas con discapacidad.

Así, la discapacidad se ha configurado como uno de los colectivos a los que el legislador ha prestado mayor atención por entender que requieren mayor protección.

Por último y como ha sucedido en las tres normas que conforman por el momento la reforma tributaria (aún se encuentra en tramitación la reforma de la Ley General Tributaria), la lucha contra el fraude es otro de los ejes básicos de ésta.

Dicho lo anterior, a continuación comentamos los principales aspectos de la reforma que, a nuestro juicio, pueden tener impacto en la fiscalidad de las personas con discapacidad.

• Artículo Primero. Uno: Indemnizaciones por despido:

Tras el trámite parlamentario, el artículo Primero apartado Uno del Anteproyecto modifica la letra e) del artículo 7 de la Ley de IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), que contempla la exención de las indemnizaciones por despido con un límite de 180.000 euros.

Como recordaréis, el Anteproyecto contemplaba la sujeción de las citadas indemnizaciones con efecto retroactivo datado en el momento de anuncio de la medida.

En cuanto a la entrada en vigor de la norma, una vez más el legislador utiliza la técnica cuanto menos discutible del «efecto anuncio» previéndose la entrada en vigor de la norma, según lo previsto en el número noventa y dos del Artículo Primero a partir de 1 de agosto de 2014.

• Artículo Primero. Dos: exención de las becas concedidas por las fundaciones bancarias

En la tramitación parlamentaria de la norma y tras la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, se modifica el artículo 7, letra j) para declarar exentas las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social.

• Nueva figura: Planes de Ahorro a Largo Plazo:

El número Tres del artículo Primero incluye una nueva exención relativa a los rendimientos del capital mobiliario que procedan de seguros de vida y depósitos a través de los que se instrumenten los Planes de Ahorro a largo plazo (nueva figura incluida en la nueva disposición adicional vigésima sexta de la Ley de IRPF que se regula en el número setenta y siete del Artículo Uno), exención que se mantendrá siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.

Cualquier disposición del citado capital o cualquier incumplimiento de los requisitos que ahora comentaremos supondrán la obligación de regularización.

En cuanto a la configuración de la nueva figura para el fomento del ahorro a largo plazo, figura por otra parte compatible con las actuales relacionadas con la discapacidad como los planes de pensiones constituidos a favor de las personas con discapacidad y los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, sus características son como sigue:

Son contratos celebrados entre el contribuyente y una entidad aseguradora que cumplan los siguientes requisitos:

• Los recursos aportados se instrumentarán bien a través de uno o sucesivos Seguros Individuales de vida a largo plazo o a través de uno o sucesivos contratos de depósito denominados, Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo. La decisión tomada deberá mantenerse hasta su extinción. Un contribuyente sólo podrá ser titular de forma simultánea de un plan de ahorro a largo plazo.

• Su apertura se producirá cuando se satisfaga la primera prima o se deposite la primera cuantía, y su extinción cuando el contribuyente efectúe cualquier disposición (salvo traspasos entre seguros individuales).

• Las aportaciones no pueden ser superiores a 5.000 euros anuales en ninguno de los ejercicios de vigencia del Plan.

• La disposición por el contribuyente sólo puede hacerse en forma de capital, no se podrán hacer disposiciones parciales, y la entidad deberá garantizar al contribuyente la percepción de al menos un capital equivalente al 85 por ciento de la suma de las primas satisfechas o cantidades depositadas.

La disposición adicional que estamos comentando define las características jurídicas que deberá tener el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (son seguros individuales de vida diferentes a los previstos en el artículo 51 de la Ley de IRPF que no cubran contingencias diferentes de supervivencia o fallecimiento, y en los que el propio contribuyente ha de ser el contratante, asegurado y beneficiario, salvo en caso de fallecimiento) y de las Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo que se configuran como contratos de depósito de dinero celebrados por el contribuyente con una entidad de crédito en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición.

Como se ve, su beneficio fiscal no se configura como una reducción en la base del aportante, como sí sucede en los planes de pensiones o en las aportaciones a los patrimonios protegidos, sino que se concreta en la exención de los rendimientos del capital mobiliario que se generen.

Esta figura no presenta ninguna especialidad en relación con las personas con discapacidad.

• Eliminación de la exención por dividendos:

El apartado Cuatro del Artículo Uno del Anteproyecto elimina la letra y) que preveía la exención de tributación de los dividendos y participaciones en beneficios en un importe de 1.500 euros.

• Mejora del límite en caso de percepción de rendimientos provenientes de planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad y rendimientos derivados de aportaciones a patrimonios protegidos.

La redacción del artículo 7 w) de la Ley 35/2006 contemplaba la exención de los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por personas con discapacidad provenientes de planes de pensiones constituidos a su favor y de los rendimientos del trabajo provenientes de las aportaciones realizadas a patrimonios protegidos con un límite conjunto cifrado en un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples.

Pues bien, esta norma se ha visto mejorada y a partir de la entrada en vigor de la norma que estamos analizando, 1 de enero de 2015, el límite, que se mantiene en los mismos términos, se aplicará de forma separada para cada uno de los rendimientos que por estos conceptos se perciban.

Esta medida contribuye sin duda a aliviar la carga fiscal de aquellos contribuyentes que perciban rendimientos de estas dos fuentes (rendimientos en forma de renta provenientes de planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad y rendimientos provenientes de aportaciones a patrimonios protegidos).

• Cambio de criterio en la Imputación de las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas:

El apartado Ocho del artículo Primero de la Ley modifica el criterio que se contiene en la letra c) del número 1 del artículo 14 (Imputación temporal), según el cual las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial, y se prevé que las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones que prevé la norma para determinados tipos de ayuda (las percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda, las incluidas en los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda habitual, y las ayudas públicas para los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español).

Como ya comentamos, consideramos que esta medida es favorable para el colectivo de personas con discapacidad, ya que alinea la tributación de las ayudas que no se consideren exentas con el momento del cobro de las ayudas.

• Cambios en la obligatoriedad de imputación de determinados compromisos por pensiones:

El apartado Nueve del Artículo Uno modifica la regla contenida en el artículo 17.1.f) que contiene las reglas de imputación a los trabajadores de determinados compromisos por pensiones adoptados por los empresarios.

Así, a diferencia de la regulación actual, en la que salvo una excepción por cuantía, la imputación no es obligatoria, a partir de la entrada en vigor de la norma (1 de enero de 2015) será obligatorio imputar los contratos de seguro que cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad, en la parte de la prima satisfecha que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad siempre que el importe de dicha parte exceda de 50 euros anuales.

No obstante lo anterior, en todo caso la imputación fiscal de primas de los contratos de seguro comentados será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

• Reducción por obtención de rendimientos irregulares:

Esta reducción, que se aplica a determinados rendimientos considerados como irregulares por tener un periodo de generación superior a dos años (por ejemplo «bonus») se ve reducida desde el 40% actual, hasta el 30% en virtud de la modificación contenida en el apartado Diez del Artículo Uno de la Ley.

Además, esta reducción se ve modificada por cuanto se establece de forma expresa que para su aplicación los rendimientos irregulares se deben imputar en un único período impositivo, previéndose un límite para su aplicación que se cuantifica en 300.000 euros, y que se modula para aquellos casos en que los rendimientos que se perciban tengan una cuantía comprendida entre 700.000,1 y 1.000.000 euros.

En caso de que los rendimientos superen la cantidad de 1.000.000 de euros, no se podrá aplicar la reducción comentada.

Como ya se prevé en la Ley 35/2006, la reducción del 30% puede ser aplicada en el caso de prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a) 1º y 2º, (pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares y las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares) que se perciban en forma de capital.

La modificación de este artículo no contempla ninguna novedad con respecto a los planes de pensiones de personas con discapacidad.

• Reducción por obtención de rendimientos del trabajo: incremento de los importes relativos a trabajadores con discapacidad:

Los apartados Once y Doce del artículo Uno, modifican la reducción que actualmente se contiene en el artículo 20 de la Ley 35/2006.

En cuanto a los cambios que se prevén, en primer lugar y en lo que a la generalidad de los contribuyentes se refiere, y además en cuanto a contribuyentes con discapacidad, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo se reconfigura como un gasto que se tiene en cuenta a la hora de calcular el Rendimiento Neto del trabajo junto con las cotizaciones a la Seguridad Social, las detracciones por derechos pasivos, las cotizaciones a colegios de huérfanos, las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales cuando la colegiación tenga carácter obligatorio y los gastos de defensa jurídica, pasando del artículo 20 al artículo 19 como una nueva letra f), esto es, se reconfigura como un «gasto deducible» y se incluye en la letra f) del artículo 19 de la Ley 35/2006, bajo el concepto de «otros gastos distintos de los anteriores».

Para la generalidad de los contribuyentes la cuantificación de este nuevo gasto deducible será de 2.000 euros, mientras que para las personas con discapacidad se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales (3.264 en la actualidad) siendo dicho incremento de 7.750 euros anuales para las personas con discapacidad que, siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento (7.242 euros anuales).

Esto es, las reducciones aplicables por personas con discapacidad, a partir de 1 de enero de 2015, gastos deducibles, se han incrementado en 236 euros, (7%) y 508 euros (7%), respectivamente, lo que ha supuesto una mejora, que no obstante no recupera el efecto de la inflación de los años en los que los importes no han sido actualizados, esto es de 2009 al 2014.

En cuanto a las reducciones por rendimientos del trabajo, que ya no contemplan situaciones de discapacidad, se han visto modificadas en primer lugar en cuanto a su cuantía, y en segundo lugar se ha eliminado la relativa a trabajadores activos mayores de 65 años.

Las reducciones para los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 14.450 euros, siempre que no obtengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros quedarán como sigue:

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 11.250 euros: 3.700 euros anuales.

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 11.250 y 14.450 euros: 3.700 euros menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 11.250 euros anuales.

Consideramos que el incremento de los que serán los gastos deducibles relacionados con trabajadores en activo con discapacidad, si bien es positivo, resulta insuficiente para recuperar el efecto de la inflación.

• Reducción por obtención de Rendimientos de las Actividades Económicas: incremento de los importes relativos a trabajadores con discapacidad y otras modificaciones:

El apartado Diecinueve del Artículo Uno del Anteproyecto modifica los apartados 1 y 2 del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que contiene la reducción por obtención de rendimientos de actividades económicas.

Al igual que se hace con los rendimientos del trabajo, y siempre que se cumplan determinadas condiciones, habrá una reducción genérica de 2.000 euros a la que adicionalmente se añadirán las siguientes cantidades:

• En caso de que los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores a 14.450 euros anuales, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las actividades económicas superiores a 6.500 euros: 3.700 euros para los contribuyentes con rendimientos netos iguales o inferiores a 11.250 euros y para los que superen esta cantidad, 3.700 euros menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento de actividades económicas y 11.250 euros anuales.

• Cuando se trate de personas con discapacidad, 3.500 euros anuales, aumentando esta reducción a 7.750 euros anuales para las personas con discapacidad que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Al igual que en las reducciones por obtención de rendimiento del trabajo, los importes se han aumentado en un 7 por ciento aproximadamente, lo que supone una mejora si bien insuficiente para recuperar la pérdida de capacidad económica de las rentas obtenidas debida a la inflación de los años en los que estos importes no se han actualizado (2009 a 2014).

Los requisitos para aplicar estas reducciones no han variado, si bien se ha introducido alguna novedad en cuanto a que para su aplicación se exige que no se perciban rendimientos del trabajo, requisito que ha sido suavizado por cuanto se entiende que no se incumple este requisito cuando se perciban durante el período impositivo prestaciones por desempleo o cualesquiera otras prestaciones de las previstas en el artículo 17.2.a) de la Ley de IRPF (pensiones, seguros, etc.), siempre que su importe no sea superior a 4.000 euros.

Asimismo y como nuevo requisito se exige que no se realice actividad económica alguna a través de entidades en régimen de atribución de rentas.

Esta reducción presenta una novedad importante ya que se ha previsto una nueva reducción para el caso de que los requisitos necesarios para la aplicación de la anterior no se cumplan.

Si se da este caso los contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros, incluidas las de la propia actividad económica, podrán reducir el rendimiento neto de las actividades económicas en las siguientes cuantías:
• Cuando la suma de las citadas rentas sea igual o inferior a 8.000 euros anuales: 1.620 euros anuales.
• Cuando la suma de las citadas rentas esté comprendida entre 8.000,01 y 12.000 euros: 1.620 euros menos el resultado de multiplicar por 0,405 la diferencia entre las citadas rentas y 8.000 euros anuales.

Esta reducción, junto con la contenida en el artículo 20, no puede exceder de 3.700 euros.

• Régimen de Módulos: cambios en su configuración:

La Ley ha modificado las condiciones para la aplicación del régimen de módulos rebajando las cuantías establecidas para ello y estableciendo una serie de condiciones de forma negativa de modo que si se cumple cualquier circunstancia de las previstas, el régimen no será de aplicación.

Así, no se podrá aplicar el régimen de estimación objetiva (módulos), si se da cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Que los contribuyentes determinen el rendimiento neto de alguna actividad económica por el método de estimación directa.

• Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediatamente anterior supere alguno de estos importes: para el conjunto de sus actividades económicas, excepto las agrícolas, 150.000 euros anuales (el importe actualmente se cuantifica en 450.000 euros), computándose la totalidad de las operaciones con independencia de que haya obligación de facturación o no.

Asimismo, y sin perjuicio del límite anterior, se prevé que el régimen de estimación objetiva no pueda aplicarse cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediatamente anterior que corresponda a operaciones por las que se esté obligado a expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, supere 75.000 euros anuales.

En el caso de actividades agrícolas, ganaderas y forestales se prevé un límite de 250.000 euros anuales (300.000 según lo previsto en la Ley 35/2006 antes de su modificación).

• Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares.

• Que exista una dirección común de las actividades, compartiéndose medios personales o materiales.

• Que el volumen de compras en bienes y servicios excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 150.0o0 euros.

• Que las actividades económicas sean desarrolladas, total o parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del Impuesto.

Como se observa de lo anterior, puede concluirse que el ámbito de aplicación de este régimen, tan común en pequeños negocios, se va a ver muy reducido.

Además el nuevo redactado del artículo 31.1 prevé que el ámbito de aplicación de este método se fije por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por módulos objetivos como volumen de operaciones, número de trabajadores, importe de las compras, la superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados y con límites que se fijarán reglamentariamente para el conjunto de actividades que desarrolle el contribuyente, y en su caso por el cónyuge, descendientes y ascendientes, y entidades en atribución de rentas de las que formen parte.

Asimismo, el Apartado Setenta y Nueve del Artículo Uno de la Ley prevé que la Orden Ministerial por la que se desarrolle para 2016 el método de estimación objetiva no incluirá en su ámbito de aplicación las actividades incluidas en la división 3, 4 y 5 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas a las que sea de aplicación el artículo 101.5 d) de la Ley 35/2006, y reducirá para el resto de actividades la cuantía de la magnitud específica para su inclusión en el método de estimación objetiva.

Estas actividades son las sujetas a retención del 1 por ciento en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

A este respecto hay que señalar que el Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, no contiene ninguna norma que desarrolle los aspectos pendientes comentados con anterioridad, y por lo tanto acudiendo a lo previsto en el citado Real Decreto 439/2007, artículo 95 éstas serán las siguientes: carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería, fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje, confección en serie y confección de prendas de vestir y sus complementos cuando su ejecución se realice por encargo de terceros, fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué, y estructuras de madera para la construcción, industria del mueble de madera, impresión de textos o imágenes, albañilería y pequeños trabajos de construcción, instalaciones y montajes, instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire, instalación de pararrayos, montaje de cocinas, instalación de aparatos elevadores, instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos, y de televisión, revestimientos, solados y pavimentos, y aislamientos, carpintería y cerrajería, puntura y revestimientos con papel, trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.

Por tanto habrá que estar a futuros desarrollos normativos para determinar definitivamente cuál será el ámbito de aplicación del régimen de estimación objetiva que como se ve se va a ver reducido drásticamente.

• Nuevo supuesto de exención por reinversión: ganancias patrimoniales obtenidas por mayores de 65 años

El apartado Veinticuatro de la Ley prevé un nuevo supuesto de exención por reinversión para las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, previéndose una cantidad máxima exenta de 240.00 euros.

Consideramos que es una medida favorable que viene a complementar la exención por reinversión prevista en caso de transmisión de la vivienda habitual por parte de mayores de 65 años o por contribuyentes en situación de dependencia severa o gran dependencia.

• Rendimientos del trabajo en especie: modificaciones:

El apartado Veinticinco del Artículo Uno de la Ley modifica el artículo 42 de la Ley 35/2006, de IRPF que regula las remuneraciones en especie.

Así, la nueva regulación señala que no tendrá la consideración de rendimientos del trabajo en especie las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo, así como las primas o cuota satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o responsabilidad civil del trabajador.

Asimismo, prevé la exención de los siguientes rendimientos del trabajo en especie:

• Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa, así como las fórmulas indirectas.
• La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado.
• Las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad siempre que las primas o cuotas no excedan de 500 euros anuales.
• La prestación de servicios de educación preescolar, infantil, primaria secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados a hijos de empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado.
• Las cantidades satisfechas a las entidades dedicadas a prestar el servicio público de transporte con el fin de favorecer el desplazamiento de empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con límite de 1.500 euros anuales, pudiendo asimismo beneficiarse de esta exención las fórmulas indirectas de pago.
• La entrega a los trabajadores en activo de forma gratuita o por precio inferior al de mercado de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo de sociedades, e la parte que no exceda de 12.000 euros anuales.

Por su parte, el apartado Veintiséis del citado artículo, modifica determinadas reglas de valoración de retribuciones en especie, como por ejemplo el uso de vivienda que sea propiedad del pagador (se modifica la cuantificación en caso de que los inmuebles carezcan de valor catastral o si éste no hubiera sido notificado al titular), y la utilización o entrega de vehículos automóviles en la que se prima la entrega de vehículos considerados eficientes desde el punto de vista energético.

• Seguros privados de riesgo de dependencia severa o de gran dependencia:

Se modifica, en virtud de lo previsto en el apartado Treinta y Uno del Artículo uno, el importe máximo de reducciones que se podrán practicar por las primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que pasa de 10.000 a 8.000 euros anuales.

Asimismo, se eleva la cantidad que se puede reducir de la base imponible para el caso de aportaciones realizadas a sistemas de previsión social a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, que pasa de 2.000 a 2.500 euros.

El apartado Treinta y Dos reduce asimismo el límite máximo conjunto de reducciones previstas en el artículo 51 que pasa a ser la menor de dos cantidades, bien el 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos o bien 8.000 euros anuales (frente a los 10.000 actuales).

• Mínimos personales y familiares:

Junto con las reducciones por obtención de rendimientos del trabajo y las nuevas deducciones que comentaremos más adelante, la mejora de los mínimos personales y familiares es la medida más destacada de la reforma que atañe al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los nuevos mínimos se prevén en los apartados Treinta y tres, Treinta y cuatro, Treinta y cinco, Treinta y seis, y Treinta y siete, apartado que contiene las normas comunes para la aplicación del mínimo por contribuyente y por descendientes, ascendientes y discapacidad.

Así, comenzando por el mínimo del contribuyente, este será con carácter general de 5.550 euros anuales, aumentándose en 1.150 euros y 1.400 euros si el contribuyente tiene más de 65 ó 75 años respectivamente.

El siguiente cuadro muestra una comparativa entre el mínimo actual y el mínimo tras la reforma:

Mínimo del contribuyente 2014 2015 Incremento

General 5.151 5.550 399
Adicionalmente
+ 65 años 918 1.150 232
+ 75 años 1.122 1.400 278

En cuanto al mínimo por descendientes que se regula en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, éste será aplicable por cada ascendiente que sea menor de 25 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas superiores a 8.000 euros.

Se asimilan a los descendientes, al igual que ya se venía haciendo, aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable, asimilándose, como luego comentaremos, a la convivencia con el contribuyente, la dependencia respecto de este último, salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 64 y 75 de la Ley de IRPF, que se refieren a las situaciones de separación en las que se satisfacen anualidades por alimento a favor de los hijos.

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los importes a aplicar por los contribuyentes con derecho a ello en el que se realiza una comparación entre los importes hasta 31 de diciembre de 2014 y los que se podrán aplicar a partir de 1 de enero de 2015:

Mínimo por descendientes 2014 2015 Incremento

Primero 1.836 2.400 564
Segundo 2.040 2.700 660
Tercero 3.672 4.000 328
Cuarto y siguientes 4.182 4.500 318
Incremento si el descendiente es menor de 3 años
2.244
2.800
556

En lo que se refiere al mínimo por ascendientes que se regula en el artículo 59 de la Ley de IRPF, este podrá ser aplicado por cada uno de ellos mayor de 65 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, considerándose que conviven con el contribuyente los ascendientes con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.

A continuación se muestra un cuadro comparativo en el que se presentan las cantidades que son de aplicación en 2014 y 2015.

Mínimo por ascendientes 2014 2015 Incremento

Ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad 918 1.150 232
Adicionalmente por ascendiente mayor de 75 años 1.122 1.400 278

En cuanto al mínimo por discapacidad regulado en el artículo 60 de la Ley de IRPF, éste será la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por discapacidad de ascendientes y descendientes.

Como ya se regula en la citada norma, a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, considerándose acreditado éste en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, así como cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

Estos mínimos, al igual que en el caso del resto de mínimos personales y familiares, se han visto incrementados considerablemente como se puede observar en el cuadro adjunto que nuestra una comparativa entre los importes que se aplicarán en el año 2014 y 2015.

Mínimo por discapacidad del contribuyente 2014 2015 Incremento

Entre 33% y 65% 2.316 3.000 684
Más del 65% 7.038 9.000 1.962
Adicionalmente Gastos de Asistencia (necesidad de ayuda de tercera persona o movilidad reducida o grado de discapacidad igual o superior al 65%)

2.316

3.000

684

Como se puede ver, en caso de contribuyente con discapacidad de más del 65% este mínimo llega a los 12.000 euros, cantidad bastante relevante que impacta directamente en el tipo marginal al que se verá sometido el contribuyente.

Por último y en lo que se refiere a los mínimos por ascendientes o descendientes con discapacidad que se regulan en el artículo 60.2 de la Ley 35/2006 y que pueden ser aplicados por cada ascendiente o descendiente que den derecho a la aplicación de los mínimos que hemos comentado con anterioridad, éstos se configuran de la siguiente manera:

Mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes 2014 2015 Incremento

Entre 33% y 65% 2.316 3.000 684
Más del 65% 7.038 9.000 1.962
Adicionalmente Gastos de Asistencia (necesidad de ayuda de tercera persona o movilidad reducida o grado de discapacidad igual o superior al 65%)

2.316

3.000

684

En lo que se refiere a las condiciones para la aplicación de los mínimos que estamos comentando, éstas no han variado en su mayor parte, si bien, como ya hemos comentado, hemos de señalar una modificación en el artículo 58 (mínimo por descendientes) en cuanto a la convivencia con el contribuyente.

La redacción actual del artículo señala que «en otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados» mientras que la nueva redacción prevé que «asimismo, se asimilará a la convivencia con el contribuyente, la dependencia respecto de este último salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en los artículos 64 y 75 de esta Ley», artículos que se refieren a las anualidades por alimentos.

Entendemos que esta modificación no debería suponer cambios en relación con la redacción actual, considerándose igualmente dependientes aquellos que no convivan con el contribuyente por determinadas circunstancias, como por ejemplo que estén internados en algún centro, debiéndose demostrar no obstante la dependencia del contribuyente.

Asimismo, y al igual que se prevé en la redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2014, el artículo 61 prevé que no procederá la aplicación del mínimo por descendientes o ascendientes o discapacidad, cuando los ascendientes o descendientes que generen el derecho a los mismo presenten declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con rentas superiores a 1.800 euros.

De todo lo anterior, y a modo de conclusión, consideramos que el incremento de los mínimos es del todo positivo para el colectivo de personas con discapacidad y cumple con las reiteradas peticiones que se han venido realizando a lo largo de los pasados años, si bien hay que señalar que quedan pendientes de actualizar las cantidades establecidas para poder aplicar los mínimos, ya que de otra forma su aplicación se verá limitada, como así se ha venido poniendo de manifiesto a lo largo de la tramitación parlamentaria de la norma.

• Deducciones: mantenimiento de la deducción por donativos a entidades sin ánimo de lucro no acogidas a la Ley 49/2002 / eliminación de la deducción por alquiler / eliminación de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas:

El apartado Cuarenta y Seis del artículo primero del Proyecto de Ley pretendía suprimir la actual deducción por donativos a fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de utilidad pública, que no estén acogidas a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que se cuantifica en el 10 por 100 de las cantidades donadas.

No obstante lo anterior, y en línea con una de las cuestiones que se propusieron al hilo de la tramitación parlamentaria de la norma, finalmente la deducción no ha sido eliminada, gracias a una enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió que finalmente ha salido adelante, lo cual se ha trasladado a Derecho positivo en el apartado Cuarenta y seis de la Ley, en el que se ha incluido una nueva deducción por cuotas de afiliación y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores.

El apartado Cuarenta y ocho del Artículo Uno de la Ley suprime la actual deducción por alquiler, prevista para contribuyentes con una base imponible menor de 24.107, 20 euros anuales.

El apartado Cincuenta y cuatro de la Ley, elimina la deducción por obtención de rendimientos del trabajo prevista para contribuyentes con base imponible inferior a 12.000 euros y cuyo importe máximo era de 400 euros.

• Nuevas deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo:

Estas nuevas deducciones se configuran como otra de las grandes novedades de la reforma, asimilándose en la práctica a la deducción por maternidad y se contienen en el nuevo artículo 81 bis que se ha añadido en virtud de lo previsto en el apartado Cincuenta y seis de la Ley que estamos analizando.

Como comentaremos a continuación, se prevé la posibilidad de solicitar su abono por anticipado para lo cual se ha aprobado el correspondiente modelo, el cual se regula en la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el Modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación.

La deducción está prevista para los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, que podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:

• Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, hasta 1.200 euros anuales (letra a del número 1 del artículo 81 bis).

• Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, hasta 1.200 euros anuales (letra b del número 1 del artículo 81 bis).

• Por ser un ascendiente o un hermano huérfano de padre y madre, que forma parte de una familia numerosa, conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, hasta 1.200 euros anuales, o 2.400 euros anuales en caso de familia numerosa de categoría especial (letra c del número 1 del artículo 81 bis).

Esta norma prevé que cada hijo con discapacidad computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forme parte.

Así, se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos equiparándose a éstas las familias con uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de éstos sea persona con discapacidad, así como dos ascendientes, cuando ambos fueran personas con discapacidad o al menos uno de ellos tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, con dos hijos.

En cuanto a la familia numerosa de categoría especial, y con carácter general se consideran las de cinco o más hijos.

Si hay dos o más contribuyentes con derecho a la aplicación de alguna de estas deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará por partes iguales.

Las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos que se han comentado más arriba y tendrán como límite para cada una de ellas las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada periodo impositivo, computándose las cotizaciones y cuotas por su importe íntegro, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.

No obstante lo anterior, en el caso de que se tuviera derecho a aplicar las deducciones previstas en las letras a) o b) comentadas (deducciones por ascendiente o descendiente con discapacidad), respecto de varios ascendientes o descendientes con discapacidad, el límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

Como se ha comentado, se podrá pedir el abono de las deducciones de forma anticipada, procedimiento que ha sido ya desarrollado en vía reglamentaria en el Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo.

Así, el Artículo único apartado Uno añade un artículo 60 bis al Reglamento del IRPF, con el fin de desarrollar el procedimiento para la práctica de las deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo y su pago anticipado.

Los contribuyentes con derecho a la aplicación de estas deducciones podrán solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los meses en que estén dados de alta en la Seguridad Social o Mutualidad, y coticen determinados plazos mínimos que señalamos a continuación:

• Trabajadores con contrato de trabajo a jornada completa, en alta durante al menos 15 días de cada mes en el Régimen General o en los Regímenes especiales de la Minería del Carbón y de los Trabajadores del mar.

• Trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial cuya jornada laboral sea de, al menos el 50 por ciento de la jornada ordinaria en la empresa, en cómputo mensual y se encuentren dados de alta durante todo el mes en los regímenes citados en el párrafo anterior.

• En el caso de trabajadores por cuenta ajena en alta en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta ajena agrarios incluidos en el régimen general de la seguridad social cuando se hubiera optado por bases diarias de cotización, que realicen al menos, diez jornadas reales en dicho periodo.

• Trabajadores incluidos en los restantes Regímenes Especiales de la Seguridad Social no citados en los párrafos anteriores o mutualistas de las respectivas mutualidades alternativas a la Seguridad Social que se encuentren en alta durante quince días al mes.

Según se señala en la disposición que estamos comentando, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria abonará mensualmente un importe de 100 ó 200 euros, según corresponda, a los contribuyentes que la hayan solicitado.

La norma prevé asimismo la posibilidad de cesión del derecho aplicar la deducción en caso de que dos o más contribuyentes tengan derecho a su aplicación respecto de un mismo ascendiente, descendiente o familia numerosa, sin que se considere esta transmisión como lucrativa a efectos fiscales.

• Obligación de declarar:

El apartado Sesenta y dos de la Ley prevé la obligación de declarar en todo caso los contribuyentes que realicen aportaciones a patrimonios protegidos.

• Obligaciones de los titulares de los patrimonios protegidos:

El apartado Sesenta y siete del artículo Uno de la Ley prevé, como se hace actualmente en el artículo 104.5, la obligación de los contribuyentes que sean titulares del patrimonio protegido de presentar una declaración en la que se indique la composición del patrimonio, las aportaciones recibidas, las disposiciones del patrimonio protegido realizadas durante el periodo impositivo y como novedad, habrá que incluir el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el citado patrimonio, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

• Límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social:

El número Setenta y tres del artículo Uno de la Ley rebaja el importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a determinados sistemas de previsión social (apartado Setenta y uno) de 10.000 a 8.000 euros.

Estos son los contemplados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de la Ley, esto es, planes de pensiones, aportaciones y contribuciones a mutualidades de previsión social, primas satisfechas a planes de previsión asegurados, aportaciones realizadas por los trabajadores a los planes de previsión social empresarial regulados en la disposición adicional primera de del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, y primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia.

Esta nueva regla se complementa con la Disposición final primera de la Ley en la cual se señala que el total de aportaciones y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones regulados en la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, no podrá exceder de 8.000 euros.

Esta previsión no afectaría a las aportaciones realizadas a patrimonios protegidos (disposición adicional decimoctava).

No obstante lo anterior, en lo que se refiere a las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad previstas en el artículo 53 de la Ley de IRPF y que a su vez se encuentran reguladas en la Disposición Adicional Cuarta del citado Real Decreto Legislativo entendemos, como ya avanzamos en su momento, que la conclusión no es tan clara como en el caso anterior, motivo por el cual al hilo de la tramitación de la norma y desde su fase de Anteproyecto se prepararon las correspondientes observaciones y enmiendas con el fin de aclarar esta cuestión tan relevante para el colectivo de personas con discapacidad, sin que las propuestas realizadas hayan sido incorporadas en la norma finalmente aprobada.

Además de todo lo anterior, destacan la rebaja de la escala de gravamen sobre los rendimientos del trabajo, cuyos tramos se han visto reducidos, rompiendo en cierta manera con la progresividad que caracteriza a este impuesto, rebaja que se hará de forma progresiva, habiéndose reducido asimismo los tipos de retención sobre rendimientos de actividades económicas (del actual 21% al 19% en 2015 y 18% en 2016), y sobre otro tipo de rendimientos (arrendamientos de bienes inmuebles, rendimientos del capital mobiliario, etc.) que se reducirán de forma progresiva del 21% actual al 19% en 2016 y 20% en 2015.

Asimismo, la Disposición adicional única de la Ley contempla un supuesto de regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto, para la cual se prevé un plazo máximo hasta el 30 de junio de 2015.

II. VALORACIÓN DE LA REFORMA Y CUESTIONES PENDIENTES DE INCORPORACIÓN

Una vez analizadas las medidas introducidas en la Ley, se considera que la reforma es favorable para las personas con discapacidad al que se han otorgado mejoras, habiendo sido considerados además como uno de los ejes de la reforma, prueba del interés del legislador por el sector y por la mejora de sus condiciones y de su situación económica.
Así destacan especialmente la flexibilización de la exención contenida en la letra w) del artículo 7 en cuanto a su límite, permitiendo aplicar a cada rendimiento recibido por el contribuyente proveniente de planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad y de aportaciones procedentes de patrimonios protegidos su propio límite.

Asimismo, son muy destacables la mejora de los mínimos por discapacidad y la introducción de las nuevas deducciones por ascendientes o descendientes con discapacidad y familia numerosa, que son compatibles además con la aplicación de los mínimos generales.

Estas normas van a contribuir sin ningún género de duda a dejar más renta disponible a aquellas personas que han de afrontar este tipo de situaciones, que como de todos es sabido causan un altísimo sobrecoste a las personas y a las familias.

En relación con estas medidas, hay que señalar que las mejoras producidas en cuanto a los mínimos personales y familiares, han reflejado las peticiones que se venían realizando por el CERMI al hilo de la tramitación de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde el año 2009, habiéndose elevado en importes que permiten recuperar la inflación que se ha venido produciendo desde que los mínimos dejaron de actualizarse (2009), cosa que no ha sucedido por ejemplo en la reducción de rendimientos del trabajo.

Asimismo, la no eliminación de la deducción por donativos se corresponde con la propuesta realizada en su momento al hilo de la tramitación parlamentaria, como también la mejora de la regla prevista en el artículo 7 w) que se corresponde en parte con las propuestas que se vienen realizando para la mejora del patrimonio protegido.

En suma, una reforma positiva que refleja parte de las peticiones que se han venido planteando por el CERMI y que reafirma lo que se viene señalando desde hace tiempo, esto es, que el legislador fiscal tiene dentro de sus objetivos la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, lo cual es especialmente relevante en estos tiempos de crisis económica que están obligando a una necesaria consolidación de las cuentas públicas.

No obstante lo anterior, y con el fin de seguir en esta clara línea de mejora que se viene produciendo, hay determinadas cuestiones que deberán ser replanteadas, unas con el fin de mejorar la efectividad de las medidas adoptadas (como por ejemplo la actualización de las condiciones para la aplicación de los mínimos), otras con el fin de mejorar la fiscalidad de cuestiones muy relevantes, como por ejemplo la fiscalidad de los planes de pensiones que sean rescatados en forma de capital por personas con discapacidad, y por último las modificaciones de carácter técnico.

Así, las cuestiones que pueden ser planteadas a futuro al hilo de la elaboración de nuevas normas serían las siguientes:

• Introducción de dos nuevas exenciones: una relativa a las ayudas percibidas por inicio de actividad que perciban contribuyentes que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 100 con el fin del fomento del autoempleo, y la segunda para las becas percibidas por personas con discapacidad y otorgadas por entes públicos o entidades sin ánimo de lucro, para las que se propondrá que no haya necesidad de cumplir con todos los requisitos que se prevén en la Ley y el Reglamento.

• Asimismo podría plantearse una nueva exención, con el fin de dejar exentas de tributación las ayudas percibidas por personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida, como por ejemplo, la adquisición de productos destinados a suplir la falta de movilidad, y así evitar situaciones que en la práctica se están provocando, como las liquidaciones giradas por la Administración Tributaria a contribuyentes con discapacidad por no haber declarado ayudas percibidas por ejemplo para la compra de sillas de ruedas.

• En relación con los Sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, una de las piezas clave para el ahorro destinado a la atención de estas situaciones, se podría proponer lo siguiente:

• Introducción de una reducción incrementada del 50% para el caso de que en lugar de percibir la prestación en forma de renta, se haga en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

Si recordáis, esta era la regulación que se aplicaba antes de la entrada en vigor de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y que se contenía en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

• Las aportaciones máximas a planes de pensiones se rebajan de 10.000 a 8.000 euros, no estando claro si esta previsión afectaría a los planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad, por lo que debería solicitarse que éstas se mantengan en 10.000 euros, debido a las especiales circunstancias del colectivo.

• En lo que se refiere a la Retribución en especie derivada de la cesión de uso de vehículos a los trabajadores, prevé una reducción en la valoración de un 30% cuando se trate de vehículos considerados eficientes energéticamente. En relación con esta cuestión podría proponerse este mismo tratamiento si los vehículos están destinados al transporte de personas con discapacidad.

• En cuanto a la retribución en especie relativa a las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados, se propondrá que ésta esté totalmente exenta en el caso de trabajadores con discapacidad que acrediten movilidad reducida o ayuda de terceras personas.

• En cuanto a los Mínimos por ascendientes, descendientes y discapacidad, en lo que se refiere a las condiciones para su aplicación, se prevé que puedan ser aplicados siempre que ascendientes o descendientes no obtengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. A este respecto, y como la práctica nos ha venido mostrando, en la medida en que esta cantidad no ha sido actualizada desde su incorporación a la norma, la utilización de los mínimos se está viendo restringida en el caso por ejemplo de ascendientes que cuentan con una pensión que supera aunque sea por poco, esta cantidad, debiéndose a nuestro juicio proceder a su actualización si se quiere dar eficacia cierta a la mejora que se ha planteado.

Lo mismo sucede en cuanto a las normas comunes para la aplicación del mínimo del contribuyente, y por descendientes, ascendientes y discapacidad, en el que se prevé que no pueda ser aplicado cuando éstos presenten declaración por el Impuesto con rentas superiores a 1.800 euros. Sin duda este importe ha de ser actualizado.

Tras la reforma, la descompensación entre los importes de los mínimos y las condiciones para su actualización se hacen todavía más patentes, motivo por el cual entendemos que este aspecto tan clave debe seguir siendo propuesto en aquellas ocasiones en las que sea posible.

• En lo que se refiere al Ejercicio de actividades económicas, se podría seguir proponiendo que el límite máximo de gasto deducible relativo al seguro de enfermedad sea de 1.500 euros en caso de que el contribuyente, su cónyuge o hijos menores de 25 años sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por 100 y 3.000 euros en caso de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

• En lo que se refiere a la deducción por alquiler de vivienda habitual, que se ha derogado, debería proponerse su reintroducción para personas con discapacidad, así como la reintroducción en la Ley 35/2006, de la deducción por adquisición de vivienda habitual en la parte correspondiente a las obras de adecuación o mejora de la vivienda y elementos comunes para facilitar el acceso y la movilidad a personas con discapacidad, que como recordaréis fue suprimida con efectos 1 de enero de 2013.

• En cuanto a las ganancias patrimoniales excluidas de gravamen en supuestos de reinversión que se han introducido en virtud de la Ley y que se ha comentado más arriba, mediante la cual se configura la exención de un importe de hasta 240.000 euros siempre que las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales se reinviertan en la constitución de una renta vitalicia asegurada a favor de contribuyentes mayores de 65 años, se podría proponer su extensión a los contribuyentes con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

• Asimismo, resultaría muy conveniente la extensión de la exención por transmisión de la vivienda habitual que se prevé para contribuyentes mayores de 65 años, a contribuyentes con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

• En lo que se refiere a los rendimientos obtenidos por arrendadores en el caso de arrendamiento de viviendas, se podría proponer, con el fin de favorecer el acceso a la vivienda por parte del colectivo de personas con discapacidad, una reducción del 100% de los rendimientos obtenidos por éstos en el caso de que los arrendatarios fueran personas con discapacidad, medida que supone incrementar en un 40% la reducción ya existente.

• En cuanto a la figura del Patrimonio protegido de las personas con discapacidad se refiere, consideramos que se podrían proponer las siguientes cuestiones con el fin de mejorar su tratamiento fiscal:

• En primer lugar y en lo que a la constitución del patrimonio protegido se refiere, exención sin límite en el beneficiario persona con discapacidad de las rentas que provengan de las aportaciones realizadas a favor del patrimonio protegido, medida que ha de complementarse con la consiguiente exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las aportaciones realizadas. Asimismo deberá proponerse la ampliación del ámbito de aportantes con el fin de que cualquier persona interesada, con independencia de su relación con el beneficiario, pueda realizar aportaciones a esta figura.

• Asimismo, podría proponerse un nuevo tratamiento para las disposiciones de bienes y/o derechos, previéndose la exención de las rentas generadas por los patrimonios protegidos hasta tanto no se destinen a la satisfacción de las necesidades vitales de los beneficiarios, y una vez se disponga de ellos, su tributación como rendimiento del capital mobiliario con una reducción de los primeros 40.000 euros, por entenderse que este importe estaría destinado a cubrir las necesidades vitales de las personas con discapacidad.